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Financiación del transporte público: prácticas para una mejor aproximación al tema.

Uno de los retos que enfrentan las ciudades es atender las necesidades de movilidad actuales y futuras de sus habitantes. La mayoría de áreas urbanas en el mundo muestran una senda de rápido crecimiento poblacional que genera presión sobre los procesos de urbanización en nuevas áreas de las ciudades y los servicios de transporte disponibles. En 2016, 1.700 millones de personas vivían en ciudades de al menos 1 millón de habitantes y se proyecta que este número aumente a 2.300 millones en los próximos 15 años. Las tasas de motorización y el número de viajes que se realizan también aumentan, mientras que es imposible o muy oneroso incrementar la capacidad de la infraestructura de transporte al mismo ritmo. Ante este panorama, las soluciones de movilidad más eficientes usualmente requieren mejorar la capacidad y el nivel de servicio del sistema de transporte público, de forma que se incentive que los usuarios de vehículos particulares empiecen a utilizar esta alternativa de movilidad.


Durante los últimos años hemos trabajado con varias ciudades latinoamericanas para poder definir e iplementar mejores prácticas en sus sistemas de transporte público, algunas de estas son: Cuernacavana, México (2017); Quito, Ecuador (2016-2017) y Panamá (2017). La adecuada implementación de estas prácticas, asegurar que la financiación de la construcción y la operación de sistemas de transporte público sean sostenibles, maximicen el retorno económico y social de los recursos utilizados y promuevan otros objetivos importantes, como conductas ambientalmente amigables. Tales prácticas pueden dividirse en:


1. La adecuada formulación de una estrategia de planeación e inversión.

2. El diseño de mecanismos de financiación eficientes y acordes a los objetivos planteados.


El primer punto se refiere al desarrollo de un proceso de planeación, donde se defina una estrategia de transporte a largo plazo, que se elabore con la participación de todos los grupos de interés importantes como: actores políticos, legisladores, transportadores, usuarios, agencias estatales y nacionales, las administraciones municipales y las autoridades de transporte de las jurisdicciones que conforman el área metropolitana. En la estrategia se establecen los objetivos de movilidad que se buscará alcanzar en los siguientes 20 o 30 años y, basados en ellos, los proyectos más importantes, con un orden de prioridad. La estrategia de transporte se enlaza con planes de inversión a mediano plazo donde se evalúan los costos y las fuentes de recursos de proyectos a ejecutar en los siguientes 10 años y se definen los mecanismos de financiación más apropiados.


Respecto al segundo punto, los mecanismos de financiación deben ser diseñados evaluando su contribución a los objetivos de la estrategia de transporte, su confiabilidad, estabilidad en el tiempo, capacidad de soportar cambios en las condiciones económicas y su eficiencia en el proceso de recaudo. Por ejemplo, las contribuciones estatales y nacionales son una fuente importante de recursos para los sistemas de transporte en muchas ciudades de Latinoamérica, así que vincular a entidades de este nivel de gobierno en la elaboración de la estrategia de transporte genera mayor compromiso en la asignación de recursos para los proyectos que se decidan adelantar. También es importante evaluar si fuentes de recursos alternativas como los cobros por congestión o impuestos de destinación específica son adecuados para las realidades locales. En este sentido, la autoridad de transporte del área metropolitana de Vancouver promovió la creación de un impuesto al carbono de destinación específica al sistema de transporte, que contribuirá al objetivo de aumentar el número de viajes no motorizados y en transporte público, al mismo tiempo que suple la caída en el recaudo del impuesto a los combustibles provocada por el uso de vehículos y tecnologías que requieren menor consumo de combustible.

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